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Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León para que las juntas vecinales «no se vean perjudicadas por las irregularidades administrativas de los ayuntamientos a los que pertenecen a la hora de optar a ayudas y subvenciones».
En concreto, la propuesta viene motivada por la convocatoria de ayudas de la Consejería de Presidencia para bares y centros de ocio en municipios y pedanías de hasta 300 habitantes.
En la convocatoria de 2024 más de 150 solicitantes, de los que buena parte son juntas vecinales, perdieron el derecho a optar a la ayuda por no haber remitido a la Administración Autonómica copia del presupuesto para el ejercicio 2024 o la liquidación del ejercicio 2023.
Es el caso de la pedanía de San Martín de la Cueza, perteneciente al Ayuntamiento de Sahagún, que ya perdió los 3.000 euros de la concurrencia anterior y se expone a una situación similar para esta convocatoria.
La localidad de 50 habitantes perteneciente al municipio sahagunense es un ejemplo especialmente sangrante, ya que la Junta Vecinal que tiene sus cuentas al día, se ve profundamente perjudicada por la ineficacia en la gestión del equipo de Gobierno del Partido Popular.
Precisamente, la pedánea leonesista, Rosa María Quintanilla, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Consistorio para que éste se haga cargo de los 3.000 euros negados para el mantenimiento del Teleclub.
Por otro lado, otros muchos Ayuntamientos presentan vacantes en sus plazas de Secretaría, hecho que podría motivar pérdidas de derecho de subvención en el mismo sentido.
«Dado que esta medida busca reforzar la cohesión social en los pueblos pequeños, el bienestar de sus habitantes y el impulso de la economía local, consideramos que la ayuda debería ser solicitada por los prestatarios del servicio, bien sean los Ayuntamientos o las propias Juntas Vecinales», recoge el escrito presentado en Cortes por UPL.
Asimismo, se pide a la Consejería de Presidencia que se desvinculen los requisitos de presupuestos y liquidaciones de las Juntas Vecinales de los del Ayuntamiento para que no se vean afectados indirectamente.
También, los procuradores leonesistas han incidido en que se exima a las Juntas Vecinales de presentar certificados de Secretaría municipal, y de esta manera, permitir su gestión directa.
Si tal y como había asegurado el consejero, Luis Miguel González Gago, en la presentación de estas ayudas, las mismas son «útiles para fomentar el bienestar comunitario, preservar las relaciones sociales y mantener vivo el medio rural», que lo demuestre y que modifique las condiciones para dejar de castigar a los núcleos más pequeños con requisitos que no les competen pero sí les afectan.
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