El PP denuncia que el Ayuntamiento de León no sabe quién puede acceder a la ZBE 10 días antes de su funcionamiento

Calles peatonalizadas desde hace meses, obras pendientes en otras y cámaras que ya se han colocado para vigilar y controlar el acceso. Todo parece estar listo para que la Zona de Bajas Emisiones en León comience a funcionar pero desde grupo del PP en el consistorio leonés no opinan lo mismo.

David Fernández, su portavoz, ha explicado que en la última Comisión de Seguridad y Movilidad del pasado miércoles 4 de junio preguntaron por el número de solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas porque el plazo terminaba el 1 de junio y en pocos días comienzan a funcionar las cámaras: «Preguntas lógicas y de sentido común que el equipo de gobierno se debería haber hecho. ¿Y cuál fue la respuesta en la comisión de seguridad y movilidad del miércoles 4 junio? El silencio. Ningún concejal allí presente sabía nada y eso que las preguntas se presentaron con más de 24 horas de antelación. Nadie sabía estos datos tan básicos a poco de la activación de las cámaras y días después de que cumpliera el plazo para presentar las solicitudes».

Una queja que se produce ante un proceso, que según los populares es «un evidente ejercicio de engaño e improvisación por parte del señor Díez» que «a pesar de que antes de las elecciones dijo que se mantendrían estacionamientos y circulación a diez por hora, pero después de pasar los comicios mostró sus verdaderas intenciones. En septiembre de 2023 anunció el cierre de las calles de forma unilateral. A pesar de esa fecha de anuncio, no es hasta noviembre de 2024 cuando sale el bando que formalizaba el uso de esas calles, en el que se establecía quiénes podían pedir el permiso para transitar y que tenían hasta el 1 de marzo».

«Ya en aquel momento la gestión fue una chapuza», critica Fernández: «A sólo una semana de que se cumpliera esa plazo se lanzó desde el PP una batería de preguntas en el que la respuesta del consistorio es que nada se había autorizado ni denegado ningún uso porque nadie lo había solicitado. Una respuesta que era una desfachatez porque hay miles de afectados y que pretendía descargar en los afectados la responsabilidad de la gestión municipal que sólo es del partido socialista».

«Aquella respuesta fue un intento claro de ocultar una nueva chapuza del alcalde y su gobierno, que no había habilitado ningún cauce ni procedimiento para otorgar estos permisos de paso. Ellos mismos se delataron cuando a la semana siguiente de nuestra denuncia anunciaban la ampliación del plazo hasta el 1 de junio y, ahora sí, estableciendo comunicación y procedimientos para esas solicitudes», ha criticado el PP.

El tono de la crítica del PP a la gestión municipal se eleva al contabilizar el posible número de afectados: «Una nueva evidencia del descontrol y la apatía que hay en el gobierno municipal que provoca incertidumbre y desasosiego en los miles de vecinos afectados por estas decisiones. Es impresentable, la apatía y suficiencia con la que el alcalde aborda este asunto».

«Sólo en las calles San Agustín, Alfonso V y Gil y Carrasco, existen más de 1.400 plazas aparcamientos subterráneos a los que hay que sumar comercios, residentes, personas con movilidad reducida, etc. Los afectados podrían ser más de 2.000, y si hablamos de que pueden tener más de un vehículo, ese número puede crecer aún más», ha denunciado David Fernández, que añade que: «A diez días el gobierno municipal no ha recopilado la información básica para saber si todos los afectados están al corriente, si se cumplen los criterios y si hay tiempo antes del 20 de junio para tramitar las solicitudes. Una nueva oda al despropósito».

«Además del limbo jurídico en el que el alcalde ha sumido a estos vecinos con sus decisiones caprichosas y sin alternativas hay que seguir denunciando los problemas de tráfico y aparcamiento, más allá de la ocurrencia sobre la que han echado marcha atrás gracias al informe de la Policía Local sobre eliminar un carril de Papalaguinda», recuerda también el portavoz popular.

Fernández culpa al alcalde de los problemas de tráfico y aparcamiento de los leoneses: «Cuesta más tiempo y dinero aparcar en el centro. Ya denunciamos la plena ocupación de los parking en el centro y de los disuasorios de zona naranja. También hay que denunciar la inflación del alquiler de las plazas de garaje en el centro, más de un 25 por ciento en los dos años en los que estas calles están cerradas. Socialismo de alta intensidad el de este alcalde».

Como medida urgente y necesaria, el PP en el Ayuntamiento de León exige, «por la inseguridad jurídica que se cierne sobre el cierre de estas calles que es una Zona de Bajas Emisiones de forma encubierta, al alcalde es que las cámaras no se activen el 20 de junio y que no multen a los leoneses, al menos, hasta que haya una ordenanza que de forma jurídica que regule esta ZBE que consideramos ilegal y así también lo dictaminó el Procurador del Común».

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